Desde que España pertenece a la Unión Europea, se han aplicado una serie de normativas que deben regir la vida cotidiana de todos y cada uno de los habitantes del viejo continente y que no siempre son acertadas. Es el caso de la propuesta para una jornada laboral de 65 horas, que al final no va a instaurarse.

Y es que la falta de acuerdo en la ronda final de negociaciones entre los representantes de la Eurocámara y los gobiernos de los distintos países de la UE ha provocado que, tras cinco años de intenso debate, se abandone definitivamente la norma que sitúa la jornada laboral máxima en 65 horas semanales.

Esto significa que seguirá vigente la legislación actual sobre tiempo de trabajo, que fija una jornada laboral máxima de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones, mediante un acuerdo individual entre empresario y trabajador. Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales.

Se trata de la primera vez que Parlamento y Consejo no llegan a un acuerdo en conciliación desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 1999, que amplió los poderes legislativos de la Eurocámara. La postura de España siempre fue muy clara: estaba en contra de que la jornada de sus trabajadores alcanzase las 65 horas.